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Cargos del PP declaran que no se exigi estar al corriente de las cuotas para votar en el congreso

Varios cargos del PP de Granada han reconocido este lunes ante el Juzgado de Primera Instancia nmero 7 de Granada que no se revis que los afiliados estuvieran al corriente de pago de las cuotas para votar en el ltimo congreso provincial de la formacin, en el que Sebastin Prez sali reelegido como presidente y que ha sido objeto de una demanda ante los tribunales por supuestas irregularidades.

Granada, 9 de Julio de 2018


La demanda ha sido presentada por el concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan Garca Montero, que fue uno de los aspirantes en este XIV proceso congresual, y que mantiene que al no haberse tenido en cuenta este "requisito fundamental" recogido en el estatuto nacional del partido, en el reglamento regional y en el del congreso "se alter el universo de votantes".

A su juicio esto "deriv el proceso en favor de Sebastin Prez", por lo que ha pedido en su demanda que se retrotraigan las actuaciones y que se vuelva a convocar el congreso, que se celebr el 20 de mayo del ao pasado y cont en un principio con cuatro aspirantes a liderar el partido.

Durante su declaracin como testigo, el gerente del PP, Francisco Almohalla, ha sealado que hubo ms de 5.000 inscritos y que el partido no cuenta con un sistema de cuotas establecido y unificado para toda la provincia, de modo que en la capital "cada uno paga lo que quiere con un mnimo de tres euros" y en los pueblos no hay cuota fijada, de modo que "no sabra decir quin estaba al corriente pago".

Para ello ha dicho que hubiera sido necesario "entrar uno por uno" en los 5.000 inscritos para ver si haban devuelto algn recibo y tampoco haba personal suficiente para hacerlo. Ha agregado que el listado de inscritos se elabora desde Madrid y que "no se depura" en relacin al pago de las cuotas.

Tambin han declarado como testigos el secretario general del PP granadino, Pablo Garca, y el que fuera secretario del Comit Organizador del Congreso, Jos Antonio Robles, que han ratificado que el partido no contaba con "ningn instrumento" para determinar si los afiliados estaban al corriente de pago y que desde las distintas candidaturas se haba pedido que no se exigiera "para no limitar la participacin". Garca Montero afirma que este requisito tampoco se incluy en la carta que se envi a los simpatizantes informando del congreso.

DISTRIBUCIN DE COMPROMISARIOS "DETERMINADA POR MADRID".

Junto a ello han defendido que la distribucin de compromisarios "viene determinada por Madrid" y que los interventores de Garca Montero pudieron estar en las mesas realizando su labor, lo cual se hizo constar en las actas, extremos sobre los que tambin versa la demanda que ha presentado el edil.

Han precisado que no se le permiti el acceso al censo cuando era precandidato "por la ley de Proteccin de Datos" y que cuando fue declarado candidato pudo consultarlo, al igual que el resto de aspirantes, a travs de los ordenadores que se habilitaron en la sede para ello, sin que quedaran registradas incidencias.

Junto a ello han garantizado que el trato era "absolutamente igual" para todos los aspirantes, que "no consta ninguna reclamacin" del congreso por la va interna y que era previsible que "hicieran lo que hicieran" Garca Montero lo tratara de impugnar.

El abogado defensor del partido ha mantenido en su exposicin final que esta demanda debe ser desestimada, incluso sin entrar en el fondo del asunto, porque no se ha agotado la va interna del partido que recogen los estatutos para poder recurrir ya a la va civil, segn establece la normativa vigente, adems de que a su entender no se han producido las irregularidades a las que se seala el demandante.



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