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El Supremo anula la inhabilitacin al exvicepresidente de la Diputacin (IU) por el caso Mercamed

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado la condena de nueve aos y tres meses de inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por delito continuado de prevaricacin que la Audiencia de Granada impuso el 30 de mayo de 2017 al exvicepresidente de la Diputacin Provincial Julio Bernardo (IU) en el denominado caso Mercamed en relacin a las contrataciones que se realizaron para la feria empresarial organizada en Tetun (Marruecos) en mayo de 2011 con cofinanciacin de la Unin Europea.

Granada, 9 de Enero de 2019


Segn ha informado el Alto Tribunal, el Supremo ha estimado el recurso de Bernardo y le ha absuelto al entender que no ha quedado acreditado que su actuacin constituyese un delito de prevaricacin administrativa del artculo 404 del Cdigo Penal.

En la sentencia, consultada por medios de prensa, el Supremo analiza lo referente al procedimiento que inicialmente se sigui para contratar la instalacin de una carpa ferial, donde el relato histrico de la sentencia de la Audiencia Provincial expres que la actividad pblica se fraccion en contratos menores "con la finalidad de evitar los controles previstos en la Ley 30/07 vigente en el momento de los hechos, al exceder el importe total de 50.000 euros".

En este aspecto, la sentencia del Supremo, cuyo ponente ha sido el magistrado Pablo Llarena, concluye que no existe ninguna acreditacin de cual pudo ser la participacin del acusado en ese proceso, "sin que la ausencia de descripcin de una eventual actuacin decisoria pueda suplirse por la genrica afirmacin de que era el responsable ltimo de la iniciativa ferial o que fue l quien termin solventando las dificultades surgidas con ocasin de la llegada del transporte a la frontera de Marruecos".

La sentencia estudia luego lo relativo a la posterior contratacin de la instalacin ferial entre las entidades Granada Desarrollo Innova Sociedad Annima y Juridicus Maroc.

El Alto Tribunal indica que el comportamiento del exvicepresidente de la Diputacin no entraa "la responsabilidad por prevaricacin administrativa que se le atribuye" al constar probado que Granada Desarrollo Innova abord "una actuacin contractual superior a 50.000 euros, e incompatible por ello con la adjudicacin directa del contrato".

Tampoco se refleja para el Supremo en la sentencia de la Audiencia que "el acusado buscara eludir o soslayar cualquier limitacin legal que conociera que haba de regir su actuacin como consejero delegado de la entidad pblica".

Por ltimo, la Sala Segunda analiza el pago de las facturas derivadas de la primera instalacin contratada, respecto de las cuales la sentencia de instancia s describe que el acusado autoriz el pago de algunas de estas facturas.

Segn subraya el Supremo, la Audiencia declara probado que Julio Bernardo autoriz la factura correspondiente al alquiler de la carpa y del resto de material, adems de autorizar tambin la factura correspondiente a su transporte.

"La circunstancia de que se hubieran adjudicado esos servicios con carcter previo, adems de la constatacin de que se haba cumplido el contenido del servicio concreto que se facturaba, impide apreciar que el pago fuera indebido", aade el Supremo.

"El propio tribunal de instancia lo expresa as cuando analiza si hubo un delito de malversacin de fondos pblicos, y argumenta que no se aprecia apropiacin de dinero pblico desde el momento en que todos los abonos se corresponden con servicios realizados, por ms que los contratos se formalizaran en la anmala manera que se ha expuesto".

SIN "CONTENIDO ILEGAL".

Por ello, agrega el Supremo, la resolucin impugnada "tampoco refleja que las decisiones del recurrente ofrezcan un contenido ilegal sobre esta cuestin, ms an cuando la defensa esgrime que los adjudicatarios de estos contratos asumieron, con cargo a esas facturas, el importe que se adeudaba a Juridicus Maroc por la definitiva instalacin de la carpa".

Julio Bernardo, funcionario de Correos, se enfrentaba a una peticin fiscal de ocho aos y cinco meses de prisin y 17 aos de inhabilitacin, que la Audiencia rebaj a nueve aos, tres meses y un da de inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico.

Bernardo recurri la sentencia de la Audiencia para defender su inocencia, en base a la legalidad del proceso administrativo que se sigui, sin prejuicio, segn hace constar la Sala de lo Penal del Supremo, de que l "se limit a estampar su firma cuando los tcnicos de la Diputacin Provincial le aseguraron que estaba todo correctamente tramitado".



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