El ministerio público pide 15 años de prisión para Juan Antonio Fuentes

La Fiscalía de Granada ha mantenido la petición de quince años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exconcejal de Personal del Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes (PP), acusado de provocar un perjuicio de más de 864.000 euros en la gestión de la televisión municipal TG7.

El ministerio público ha hecho este jueves definitivas sus conclusiones provisionales y ha pedido una condena a inhabilitación para el que fue responsable de la televisión municipal de Granada por un delito continuado de prevaricación.







Lo ha hecho en la tercera sesión del juicio que desde este martes se ha celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada para analizar los contratos de servicios extraordinarios firmados por Fuentes.

En la primera sesión del juicio, Fuentes se declaró inocente de los cargos de prevaricación, aseguró que su gestión al frente de TG7 buscó siempre reducir la deuda de la televisión y recalcó que firmaba los documentos que le pasaban entendiendo que serían jurídicamente legales.

Según la Fiscalía, Fuentes generó un perjuicio en las arcas municipales al actualizar, en diciembre de 2012, un contrato para la grabación de programas y servicios para TG7, un cambio que preveía pagar un 26,8 % más por menos trabajo y que elevó la cuantía a la productora que trabajaba para la televisión municipal hasta los 629.576 euros.

Durante el juicio también se ha analizado la firma en 2015 de un convenio de esponsorización para cubrir trabajos especiales que no pasó por la Junta de Gobierno Local y que, según la Fiscalía, supuso un reconocimiento de deuda y el perjuicio a las arcas municipales.

Fuentes explicó durante su declaración que cuando se hizo cargo de la gestión de TG7, la televisión tenía 1,8 millones de deuda que se redujo con el plan de pago a proveedores y la liquidación de la empresa municipal que la sustentaba.

Defendió además que el plan de esponsorización, un convenio que a su juicio no tenía efectos administrativos porque no fue aprobado por nadie, habría conseguido acabar con la deuda.

Su defensa, representada por el abogado Mariano Vargas, ha solicitado la libre absolución del exconcejal y las acusaciones particulares, que ejercen el Ayuntamiento de Granada, el PSOE e IU, han mantenido sus peticiones iniciales de entre diez y quince años de inhabilitación para empleo y cargo público en un juicio que ha quedado visto para sentencia.